Brasil acaba de aprobar la privatización de 67,4 millones de hectáreas de selva amazónica. La ley, sancionada por el Congreso del gobierno del presidente Lula da Silva, permite regularizar la tenencia de tierras fiscales a sus actuales ocupantes ilegales para desarrollar el cultivo de la soja y la cría de ganado. La medida ha sido duramente cuestionada por opositores y ambientalistas, que denuncian una agravación de la deforestación en la Amazonia.