Después de las polémicas declaraciones del ministro de Industria español donde apoyaba la idea de Telefónica de cobrar a los buscadores por usar sus redes, ahora parece que se desdicen y proclaman lo contrario. El Secretario Francisco Ros manifiesta que no propondrá la tasa a los buscadores en Europa y que deben promoverse políticas que beneficien el desarrollo de la sociedad de la información.

Tras las desafortunadas palabras de la vicepresidenta del buscador más famoso, la compañía se han apresurado a enviar una carta al gobierno donde matizan las acusaciones y terminan declarando que en España no hay censura en Internet. Google manifiesta su plena convicción de que allí no se producen atentados contra el derecho a expresarse y que el sistema jurídico es garante de las libertades civiles. Nicole Wong tendrá que tener más cuidado con sus acusaciones la próxima vez que se le ocurra calumniar a un país.

Es la primera vez que la empresa del buscador se enfrenta a un examen por parte de un organismo oficial para ser investigada por abuso de posición en el mercado. Ya estaban tardando pero con el tamaño que ha adquirido Google no era de extrañar que fuera acusada de realizar prácticas monopolistas que van en detrimento de la libre competencia. Las protagonistas de esta denuncia son 3 empresas dedicadas a la comparación de precios, una de ellas propiedad de Microsoft. Los acusados afirman no tener nada que ocultar y se enfrentan a la investigación con tranquilidad.

Un nuevo frente se abre ante el gigante que ve cómo sus competidores se unen en una fusión estratégica que pretende robarle cuota de mercado en el ámbito de la publicidad online. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han dado el visto bueno a este matrimonio de conveniencia. El acuerdo ha sido aprobado sin ningún tipo de restricciones por parte de las autoridades. El resultado de esta alianza se verá de inmediato.

El operador británico se une a las incendiarias declaraciones del presidente de Telefónica, que a su vez fueron apoyadas por el ministro de Industria español. Parece que se ha abierto la veda y todos pretenden morder su trozo de pastel a costa de los buscadores. La reaccion de Google no se ha hecho esperar y ya ha respondido a estas insinuaciones de las grandes operadoras. Fascinante duelo de titanes el que se avecina a medio-largo plazo.

El presidente de la mayor empresa de telecomunicaciones española, acaba de lanzar una bomba atómica al núcleo de Internet. Pretende cobrar a los principales buscadores de Internet alegando que la estructura de soporte físico de la Red es suya y nada más que suya. Acusan a empresas como Google, de estar lucrándose a costa de su negocio y, por tanto, que se vayan preparando para pagar un alquiler por los servicios prestados. Esta lucha lleva ya largo tiempo entre bastidores, pero es la primera vez que un responsable oficial de una gran compañía lo dice tan claramente en un comunicado público.

Ya no puede uno ni marcharse tranquilo de la empresa, oye. Google ha programado una aplicación que le permite conocer las intenciones de sus empleados y acierta con pasmosa precisión las tendencias de sus contratados a cambiar de trabajo y las causas que posiblemente le están empujando a ello. La idea no es controlar a sus trabajadores sino mejorar las condiciones laborales para que se sientan más a gusto y no se vayan a otras empresas.

La noticia en realidad no es esa, pues el gigante informático ya avisó hace algún tiempo de lo que se proponía. Lo reseñable ahora viene porque Google ha afrontado la denuncia de los autores que no querían ver comprometidos sus derechos y la compañia ha huido hacia delante. Pagará las indemnizaciones pero seguirá digitalizando todo libro que se encuentre. Avisados quedan y eso es lo que hay.

Desde Europa acaban de enviarle un recado a los creadores del Windows. Se trata de un escrito oficial de la Comunidad Europea advirtiéndole que como siga integrando el Explorer en el Sistema Operativo le van a endilgar una multa de bastantes cientos de millones de dólares. No es la primera vez que el gobierno comunitario impone severos correctivos a la firma americana pero parece que no surte efecto a la vista del poco caso que le hacen.