La administración de Donald Trump estaría dividida sobre cuánto debe controlar el Gobierno federal a los modelos avanzados de inteligencia artificial. David Sacks habría defendido una estrategia ligera para no frenar la innovación, mientras Susie Wiles y Scott Bessent habrían reclamado más salvaguardas por el riesgo de ciberataques contra bancos e infraestructuras críticas. El pulso interno se hizo público el 16 de septiembre de 2026 y no ha desembocado en una ley federal integral de regulación de la IA.
La Casa Blanca aparece dividida sobre cuánto controlar la IA
El desacuerdo no enfrenta simplemente a quienes quieren regular y quienes no quieren hacerlo. La disputa gira en torno al momento de intervenir, la responsabilidad de las empresas y el margen que deberían conservar las agencias federales y los estados.
Sacks, asesor de IA de la Casa Blanca, habría defendido que las leyes existentes sobre responsabilidad por productos y fraude bastan en buena medida para abordar los problemas de los modelos. Esa posición encaja con el objetivo declarado por Donald Trump de acelerar el desarrollo estadounidense de IA y mantener la ventaja tecnológica frente a China.
En el otro lado, Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, y Scott Bessent, secretario del Tesoro, habrían presionado para reforzar las salvaguardas. Bessent habría advertido de que los ataques impulsados por IA podrían causar una perturbación grave en el sistema bancario.
| Prioridad | Qué busca | Riesgo que intenta evitar |
| Regulación ligera | Mantener la velocidad de desarrollo y aplicar principalmente las leyes existentes | Que nuevas obligaciones ralenticen la innovación y la competitividad estadounidense |
| Salvaguardas reforzadas | Ampliar la revisión gubernamental de los modelos avanzados y controlar usos de alto riesgo | Ataques contra bancos, redes eléctricas, sistemas de agua y otros servicios esenciales |
Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, y Mark Zuckerberg, de Meta Platforms, han sido vinculados a la oposición a nuevos controles y a posibles pausas coordinadas. Elon Musk, en cambio, ha sido asociado con el respaldo a salvaguardas más estrictas. Estas posiciones empresariales forman parte del debate político, pero no sustituyen una norma federal.
Qué riesgos preocupan a los funcionarios
Las advertencias abarcan más que los errores habituales de un chatbot. Los funcionarios habrían examinado la posibilidad de que sistemas avanzados faciliten ciberataques contra el sector bancario y contra infraestructuras de agua y energía. También habrían considerado el posible uso de la IA en el desarrollo de armas biológicas.
En ese contexto aparece Mythos, un modelo de Anthropic que habría sido considerado una señal de alarma por su capacidad potencial para localizar debilidades en programas utilizados por el Gobierno estadounidense. También se ha relacionado el debate con un incidente en el que habrían participado cientos de agentes de IA coordinados durante un ataque contra Hugging Face.
Ambos episodios se mantienen como elementos atribuidos del debate de seguridad. No permiten convertir por sí solos esas posibilidades en una conclusión sobre el funcionamiento general de todos los modelos ni sobre la política oficial de la Casa Blanca.
La preocupación central es que un sistema capaz de encontrar vulnerabilidades, coordinar tareas y actuar a gran escala podría reducir el tiempo disponible para responder a un ataque. En el caso de la banca, una interrupción coordinada tendría un alcance distinto al de un fallo aislado en una aplicación. Esa diferencia explica por qué Bessent y otros funcionarios habrían pedido más controles antes de desplegar determinados modelos.
Cómo encaja el debate en la política de IA de Trump
La posición pública de la administración combina una apuesta por la uniformidad federal con objetivos de seguridad y protección. El 20 de marzo de 2026, la Casa Blanca publicó un marco legislativo nacional con seis áreas: protección de niños y familias, comunidades, propiedad intelectual, libertad de expresión, innovación y desarrollo de la fuerza laboral.
El documento sostiene que un conjunto fragmentado de normas estatales puede dificultar la innovación y la competencia internacional. La idea es que Estados Unidos disponga de una dirección nacional común para la inteligencia artificial, en lugar de que cada estado establezca obligaciones incompatibles.
Esa línea ya aparecía en la Orden Ejecutiva 14365, firmada el 11 de diciembre de 2025. La orden dirige a las agencias federales a impugnar determinadas leyes estatales sobre IA que considere incompatibles con una política nacional menos gravosa y establece pasos para preparar una recomendación legislativa federal.
La orden no elimina automáticamente toda intervención estatal. El propio marco conserva posibles competencias locales en ámbitos como la seguridad infantil, las infraestructuras de los centros de datos y la contratación de los gobiernos estatales. La uniformidad federal es el objetivo general; sus excepciones forman parte del diseño político.
Qué ocurrió con la revisión ampliada de los modelos
En mayo de 2026, Sacks habría convencido a Trump de abandonar una orden ejecutiva prevista para someter a los modelos avanzados a una revisión gubernamental más prolongada. Wiles y Bessent habrían quedado sorprendidos por la decisión y después habrían presionado para recuperar parte de esas salvaguardas.
Trump habría firmado posteriormente una versión reducida de la orden. El alcance concreto de ese texto y sus efectos jurídicos no forman parte de la política pública descrita en los documentos nacionales de marzo y diciembre.
La consecuencia política es clara: la administración impulsa una estrategia nacional favorable a la innovación, pero sus propios funcionarios siguen enfrentados sobre cuánto control previo necesitan los sistemas más potentes. Mientras esa pugna continúa, el marco legislativo de la Casa Blanca mantiene seis objetivos nacionales y la Orden Ejecutiva 14365 preserva posibles competencias estatales en áreas concretas.
