OpenAI anunció el 17 de noviembre de 2026 una colaboración exploratoria con el Gobierno de Chile para estudiar la adopción responsable de inteligencia artificial en la Administración, formar a funcionarios y apoyar a startups locales. Al día siguiente, el diputado Jaime Araya pidió revisar la base legal del memorando y la neutralidad tecnológica, según el anuncio de OpenAI y la solicitud de Araya. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación encabezará la colaboración chilena.
Qué contempla la colaboración de OpenAI y Chile
El trabajo previsto se divide en tres frentes: posibles usos de IA en procesos administrativos, formación para empleados públicos y apoyo a empresas emergentes que desarrollen aplicaciones de IA. OpenAI plantea explorar asesoramiento y capacitación para el personal, así como apoyo para implementar nuevos modelos en la Administración.
La formación podría incluir alfabetización en IA, talleres y capacitación adaptada a distintos puestos. Entre los temas posibles figuran comprobar las respuestas de los sistemas, proteger información sensible y mantener la supervisión humana. Para las startups, las opciones mencionadas incluyen orientación técnica, mentoría, aprendizaje práctico y conexiones con instituciones y universidades locales. Las actividades, los recursos, los criterios de acceso y la disponibilidad de tecnología se definirían por separado.
Un grupo de representantes del Ministerio y de OpenAI tiene previsto fijar prioridades y elaborar un plan inicial con responsables, hitos e indicadores de éxito. OpenAI afirma que el memorando no establece compromisos de inversión ni de compra y que las actividades estarán sujetas a salvaguardas de privacidad, seguridad de la información y uso responsable.
La propuesta fija ámbitos de trabajo; el grupo conjunto previsto tendrá que convertirlos en prioridades y un plan inicial.
Qué pidieron revisar los legisladores chilenos
El 18 de noviembre, Araya solicitó a la Contraloría que examinara la base legal del memorando y su neutralidad tecnológica. También preguntó por qué se había elegido a OpenAI frente a otras empresas. Sus planteamientos son peticiones de revisión, no una resolución de la Contraloría.
Gael Yeomans dijo que ella y otros legisladores pedirían información al Ministerio sobre las competencias con las que se firmó el acuerdo y la protección de los datos personales, según su publicación. Daniela Serrano Salazar también anunció que se sumaría a las solicitudes para conocer qué se firmó y qué compromisos implica, de acuerdo con su publicación.