El 12 de noviembre de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció, según AP y CryptoBriefing, que un tribunal había autorizado incautar o restringir más de 1.200 millones de dólares en activos vinculados al hack de Binance. La autorización delimita una medida judicial sobre esos activos; el proceso de decomiso aborda las reclamaciones sobre fondos recuperados.

La autorización fija el alcance de la medida; el decomiso incluye la evaluación judicial de las reclamaciones sobre los fondos.

Qué se sabe del hack de Binance

CryptoBriefing sitúa el ataque alrededor del 29 de octubre de 2026. El FBI atribuyó el hack a TraderTraitor, según la cobertura de AP. Para conocer el contexto técnico, el relato de Binance sobre la ingeniería social y el acceso al servicio de firma detalla la explicación que dio la empresa sobre el ataque.

Cómo se relacionan los fondos congelados con el decomiso

AP informó que actores del Gobierno estadounidense y del sector privado habían congelado más de 2.700 millones de dólares procedentes del robo. Esa cifra describe un conjunto más amplio que los activos cubiertos por la autorización judicial; los importes se solapan y no representan sumas independientes.

En el procedimiento habitual descrito por AP, el Gobierno presenta una reclamación de decomiso ante un juez, que determina quién tiene una reclamación legítima sobre los fondos recuperados. Por eso, la autorización sobre los activos y la resolución judicial de las reclamaciones son pasos distintos.