Tailandia ha pedido a los operadores que pausen la construcción de 49 proyectos de centros de datos mientras sus organismos preparan un marco común para regular el consumo eléctrico y de agua, la refrigeración, la seguridad, la zonificación y el impacto ambiental. La petición, sin embargo, no equivale actualmente a una prohibición ni a una moratoria legalmente ejecutable: Danucha Pichayanan, secretario general del National Economic and Social Development Council, ha dicho que las autoridades no tienen la facultad para suspender esas obras.
La distinción importa. Un comunicado político puede marcar la dirección de un sector; no necesariamente puede detener una excavadora. El Gobierno tailandés quiere revisar las reglas antes de que la expansión de la infraestructura para la inteligencia artificial deje costes difíciles de gestionar para las redes eléctricas, los recursos hídricos y los barrios próximos.
Electricidad, agua y zonificación están en el centro del debate
Los centros de datos necesitan electricidad constante, sistemas de refrigeración y, en determinados diseños, agua para evacuar el calor. También requieren equipos de respaldo, incluidos depósitos de combustible, y edificios preparados para operar con cargas elevadas durante largos periodos. Por eso, la revisión tailandesa no se limita a los permisos de construcción: pretende coordinar energía, agua, seguridad, planificación urbana y protección ambiental.
El debate también tiene una dimensión muy concreta: la distancia entre estas instalaciones y las viviendas, los comercios o los hospitales. El material audiovisual disponible muestra centros de datos junto a zonas residenciales y recoge una entrevista con una vecina, Nathinan Limjam, que reclama medidas de protección para las personas que viven cerca. El reportaje también describe cómo algunos proyectos habrían utilizado las categorías de “almacén” u “oficina” para quedar fuera de controles industriales más exigentes. Esa explicación se refiere al problema regulatorio que se está revisando; no identifica por sí sola a ninguno de los 49 proyectos.
La preocupación encaja con la petición de Chadchart Sittipunt, gobernador de Bangkok, de someter los centros de datos a revisiones de impacto ambiental. Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas, ha defendido que el objetivo es fijar un estándar mínimo que proteja a la población y al entorno.
49 proyectos en construcción y 117 más a la espera de autorización
La cifra de 166 proyectos mezcla dos categorías distintas. Los 49 corresponden a proyectos en construcción para los que se pidió una pausa. Los otros 117 son instalaciones que todavía esperaban autorización. Por tanto, 166 es el alcance más amplio de la actuación política comunicada, no el número de obras que hayan sido detenidas.
| Categoría de proyecto | Cifra comunicada | Qué significa |
| Proyectos en construcción | 49 | Son los proyectos a cuyos operadores se pidió pausar las obras. |
| Proyectos a la espera de autorización | 117 | Son iniciativas que aún no habían recibido permiso. |
| Acción política comunicada | 166 | Es la suma de las dos categorías anteriores. |
La administración también ha contabilizado 35 centros de datos en funcionamiento a partir de información reunida por 16 organismos públicos. El dato ayuda a entender que la discusión no se refiere solo a futuras parcelas: Tailandia ya cuenta con una base operativa sobre la que quiere aplicar criterios más uniformes.
Qué podría cubrir la nueva regulación
La propuesta de marco común todavía no es una ley definitiva. Las áreas señaladas incluyen:
- planificación urbana y separación respecto a edificios vecinos;
- sistemas eléctricos y disponibilidad de potencia;
- refrigeración y gestión del agua;
- almacenamiento de combustible para sistemas de respaldo;
- seguridad de los edificios y de las instalaciones;
- protección ambiental y revisión del impacto sobre las comunidades.
Cuatro subcomités están trabajando en criterios relacionados con los beneficios económicos, las infraestructuras, los emplazamientos y edificios, y el medio ambiente. La idea es que un proyecto no se evalúe únicamente por la inversión que promete, sino también por la capacidad real de la red y los recursos que consume.
Eso puede cambiar la conversación sobre los centros de datos. La potencia contratada deja de ser un detalle técnico cuando varias instalaciones solicitan cantidades importantes al mismo tiempo. En la información disponible aparecen solicitudes de electricidad en Bangkok de entre 9 y 23 MW por proyecto. No es una medida del consumo efectivo de cada centro, pero sí ilustra la escala de las peticiones que deben coordinarse con la red.
Una expansión que Tailandia no quiere frenar por completo
Tailandia está intentando resolver una tensión bastante conocida en la economía digital: atraer inversiones y servicios en la nube sin trasladar automáticamente sus costes a la red eléctrica, el suministro de agua o los residentes cercanos.
El Thailand Board of Investment aprobó 88 proyectos de inteligencia artificial y centros de datos valorados en unos ฿886.000 millones durante el primer semestre de 2026, según la información disponible. Esa cartera explica por qué Ekniti Nitithanprapas ha insistido en que la decisión no significa cerrar la puerta a la inversión en centros de datos. La intención declarada es establecer reglas comunes para que el crecimiento pueda continuar de forma sostenible.
Para los operadores, la incógnita principal no es solo si un proyecto recibe autorización, sino bajo qué condiciones podrá conectarse a la red, obtener agua, almacenar combustible y convivir con otros usos urbanos. Para las comunidades, el criterio decisivo será más sencillo: saber qué riesgos se han evaluado y qué protección existe si algo sale mal.
El resultado dependerá de la norma que llegue después
La petición de pausar 49 proyectos marca un cambio de tono, pero no convierte por sí sola el proceso en una prohibición. La frontera importante estará en el marco definitivo: sus requisitos, su alcance, sus sanciones y la fecha en que empiece a aplicarse.
La conclusión, por ahora, es clara: Tailandia no está anunciando el cierre de su mercado de centros de datos; está intentando poner reglas a una expansión que ya exige mucha electricidad, agua, espacio y coordinación urbana. La cifra que conviene recordar es 49 para los proyectos en construcción y 166 para la actuación política más amplia. Confundir ambas categorías solo añade ruido a un problema que, precisamente, necesita reglas más claras.
