El 19 de octubre de 2026, RobotPulse informó de que Anthropic planeaba revisar su borrador de seguridad de IA para aclarar el papel de los estados, reconsiderar los umbrales de riesgo y reforzar las propuestas sobre incidentes y evaluadores independientes. La noticia describía cambios previstos, no una versión revisada. El borrador confidencial, que representantes de Anthropic habían presentado a legisladores estadounidenses según informó POLITICO el 16 de octubre, también contemplaba nuevas obligaciones para los laboratorios y una vía federal de suspensión. La cobertura anterior de NeoTeo sobre la propuesta abordó la autorización judicial; esta actualización desarrolla las obligaciones adicionales y los cambios que Anthropic planeaba estudiar.
Qué cambios planeaba revisar Anthropic
RobotPulse atribuyó a Anthony Cimino, responsable de asuntos federales de Anthropic, la intención de aclarar la función de los estados y revisar los umbrales de riesgo, la notificación de incidentes y las propuestas de evaluación independiente. El informe no detalló qué términos cambiarían.
Un portavoz de Anthropic dijo que el borrador reflejaba propuestas de su Advanced AI Framework, que la empresa defendía ante legisladores federales y estatales desde junio de 2026. También calificó las políticas de sensatas y pidió al Congreso que actuara.
Obligaciones adicionales para los laboratorios
Según POLITICO, el borrador proponía que los laboratorios de IA de frontera adoptaran marcos de seguridad, publicaran informes de transparencia para nuevos modelos y protegieran a los denunciantes. También tendrían que comunicar incidentes críticos de seguridad al Departamento de Comercio de Estados Unidos.
El paquete iba más allá de las condiciones para solicitar la suspensión de un modelo: sumaba obligaciones de seguridad, transparencia y notificación. Esas medidas formaban parte de una propuesta legislativa, no de una ley aprobada.
Así funcionaría la evaluación y una posible suspensión
El proceso descrito por POLITICO empezaría con evaluadores independientes registrados ante el Departamento de Comercio, que revisarían periódicamente los laboratorios y sus modelos de frontera. Un laboratorio podría pagarles si la remuneración no dependiera del resultado de la evaluación.
El mecanismo de suspensión se aplicaría ante un riesgo previsible e inminente, vinculado a la creación o liberación de un arma biológica, a que un modelo eludiera los controles de su desarrollador o a un ciberataque. El umbral reportado era de daños superiores a 1.000 millones de dólares o de más de 50 personas muertas o gravemente heridas.
Si una evaluación concluía que existía uno de esos riesgos inminentes, el evaluador tendría que avisar al Departamento de Comercio en un plazo de 72 horas desde que completara el análisis. El Departamento podría solicitar la suspensión ante un juez federal del Distrito de Columbia, que tendría la facultad de ordenarla. El borrador reservaba a ese proceso la petición de suspensión a Comercio y la decisión al juez.
Qué normas estatales podría desplazar la propuesta
El borrador habría desplazado algunas normas estatales sobre divulgación pública de riesgos, evaluaciones de terceros y notificación de incidentes críticos. POLITICO señaló que el lenguaje de riesgo se parecía al de leyes de California, incluida la SB 53; el alcance descrito se refería a esas áreas concretas, no a toda la regulación estatal sobre IA.
