El 21 de septiembre de 2026, Columbia Británica anunció y presentó en California una demanda civil contra OpenAI por el tiroteo ocurrido el 10 de febrero en Tumbler Ridge. La provincia alega que la empresa no avisó a las fuerzas de seguridad sobre amenazas realizadas a través de ChatGPT antes del ataque. La sede del proceso ha sido situada en un tribunal federal de San Francisco.
La acción convierte una disputa sobre las obligaciones de seguridad de los servicios de IA en un conflicto judicial. Las acusaciones forman parte de la demanda y aún no han sido resueltas por un tribunal.
Qué reclama Columbia Británica a OpenAI
La provincia sostiene que OpenAI debía comunicar a las autoridades unas amenazas que, según su demanda, se habían realizado mediante ChatGPT. También acusa a la compañía de haber diseñado un producto inseguro.
Columbia Británica reclama la recuperación de los costes públicos relacionados con la tragedia, incluidos los de reconstrucción, atención de salud mental, servicios para las víctimas, educación y actuación policial. Además, busca medidas judiciales que obliguen a reforzar las salvaguardas de los sistemas de IA.
La demanda provincial es independiente de las acciones presentadas por familiares y otras personas afectadas. Se han comunicado más de 30 procesos separados contra OpenAI en California.
De las alertas de ChatGPT a la demanda
La información publicada sobre el caso sitúa en junio de 2025 la primera alerta de OpenAI sobre las interacciones de Jesse Van Rootselaar con ChatGPT. Según esas informaciones, la cuenta fue desactivada y posteriormente se creó otra.
El tiroteo tuvo lugar el 10 de febrero de 2026 en Tumbler Ridge. La Real Policía Montada de Canadá confirmó ocho víctimas mortales: seis relacionadas con el instituto Tumbler Ridge Secondary School y dos fallecidas en una vivienda. Informaciones posteriores situaron en nueve el total de muertes al incluir a Van Rootselaar, que tenía 18 años y murió por suicidio.
La demanda llegó meses después del tiroteo y plantea si una empresa tecnológica debe avisar a las autoridades cuando detecta amenazas creíbles de violencia grave. Esa cuestión es distinta de determinar si una eventual notificación habría cambiado el resultado del ataque.
La respuesta de OpenAI y el estado del caso
OpenAI afirma que colabora con los gobiernos y las fuerzas de seguridad, y que comunica conversaciones cuando indican un riesgo inminente y creíble de daño para otras personas. La empresa también sostiene que sus modelos rechazan solicitudes que puedan facilitar de forma significativa actos violentos.
Sam Altman pidió disculpas a la comunidad de Tumbler Ridge por no haber alertado a las fuerzas de seguridad sobre la cuenta que había sido bloqueada en junio. Además, informaciones publicadas sobre la acción señalan a Altman como demandado junto con OpenAI.
Las acusaciones sobre una supuesta recomendación interna de avisar a la policía y una posterior intervención de la dirección siguen formando parte de la disputa planteada en torno al caso. No se ha informado de un fallo judicial ni de un acuerdo.
Una disputa sobre las obligaciones de la IA
El proceso pone el foco en el umbral que debe activar una comunicación a las autoridades: OpenAI habla de un riesgo inminente y creíble, mientras que Columbia Británica sostiene que las amenazas del caso exigían una respuesta distinta.
La investigación criminal de la Real Policía Montada de Canadá seguía activa en julio de 2026 y la policía no había descartado presentar cargos.
