El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 13 de octubre que Abdulrahman Alfozan, ingeniero de OpenAI, había sido acusado de usar o intentar usar un dispositivo para interceptar comunicaciones orales. Alfozan fue arrestado el 9 de octubre y compareció por primera vez ante un tribunal federal el día 13, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Reportaje de CBS Evening News, en inglés, sobre el arresto relacionado con el presunto dispositivo de grabación en una sala de reuniones de OpenAI

Qué sostiene la denuncia sobre los dispositivos

El Departamento de Justicia resumió que la denuncia atribuye a Alfozan la instalación, el 28 de septiembre o en torno a esa fecha, de un dispositivo oculto en papel higiénico e insertado en un puerto USB detrás de un televisor, en una sala de reuniones ejecutiva de OpenAI. La empresa descubrió el aparato el 30 de septiembre, según el relato oficial.

El 5 de octubre, el personal de seguridad de OpenAI encontró un segundo dispositivo similar en una bolsa que contenía la cartera y la documentación identificativa de Alfozan, indicó el Departamento de Justicia. La denuncia también atribuye a una cuenta de chatbot asociada a la esposa de Alfozan consultas sobre cómo construir, instalar, ocultar, probar y acceder a distancia a un dispositivo de grabación. Esas consultas se habrían enviado entre el 24 y el 30 de septiembre; las relacionadas con el primer aparato, los días 27 y 28.

Qué dijo OpenAI sobre la investigación y sus datos

OpenAI afirmó que sus modelos ayudaron a los investigadores a entender el dispositivo e identificar a un empleado sospechoso, junto con el análisis humano, según la información publicada por Gizmodo.

En una declaración difundida el 13 de octubre y recogida por WIRED, la empresa dijo que no tenía indicios de que Alfozan hubiera accedido de forma indebida o extraído pesos de modelos, código fuente o datos de clientes.

OpenAI también publicó una comunicación sobre el caso en su cuenta de X:

Penas máximas y equipo fiscal

Si Alfozan es condenado, el Departamento de Justicia indica que podría enfrentarse a un máximo de cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y tres años de libertad supervisada. El equipo fiscal incluye a Nicolas Parker, fiscal federal adjunto, y a Kate Tagert, abogada de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.