El High Court de Nueva Zelanda desestimó el 15 de octubre de 2026 la solicitud de revisión judicial de Peter Goodricke y le ordenó pagar a Tesla NZ$26.827 en costas y NZ$257,40 en gastos judiciales, un total de NZ$27.084,40. La revisión judicial examinó la decisión del Disputes Tribunal, pero no abrió un nuevo juicio sobre el litigio de consumo.

Qué decidió el High Court

Goodricke había recurrido al High Court después de que el Disputes Tribunal neozelandés rechazara sus reclamaciones y, más tarde, su petición de una nueva audiencia. El juez David Boldt desestimó la revisión judicial porque consideró que los argumentos de Goodricke pretendían reabrir el fondo de la decisión del tribunal. También dijo que no le convencía que las actualizaciones de Tesla hubieran hecho que los coches dejaran de tener una calidad aceptable.

Por qué la inspección aprobada no devolvió la carga rápida

Goodricke compró dos Tesla Model 3 dados de baja, los reparó y ambos superaron la inspección necesaria para volver a registrarlos. Esa inspección y la evaluación de seguridad que Tesla ofreció para la carga rápida tenían objetivos distintos:

InspecciónObjetivoResultado en el caso de Goodricke
Inspección para volver a registrar el vehículoComprobar el requisito para que los coches reparados pudieran registrarse de nuevoLos dos Model 3 la superaron
Inspección ofrecida por TeslaEvaluar si era seguro restablecer la carga rápidaNZ$1.624,43 por coche; la restauración dependía de la evaluación de seguridad de Tesla

Tesla clasificó los coches como no compatibles después de que el registro de la New Zealand Transport Agency (NZTA) los identificara como vehículos con daños estructurales. La empresa envió una actualización para el primer coche el 26 de agosto de 2024 y otra para el segundo el 3 de septiembre. Las restricciones surtieron efecto cuando Goodricke conectó los vehículos mediante la aplicación de Tesla: la del segundo coche, el 30 de octubre de 2024; la del primero, el 29 de enero de 2025.

La restricción afectó a la carga rápida de corriente continua tanto en los Superchargers de Tesla como en redes de terceros. La carga desde un enchufe convencional seguía siendo posible, aunque podía tardar días. Tesla justificó la medida por el riesgo de incendio que puede entrañar una batería de alta tensión dañada y porque sus daños internos pueden ser difíciles de detectar.

El alcance jurídico de la decisión

El High Court no volvió a juzgar las reclamaciones de consumo de Goodricke. Sobre la base jurídica de la intervención de Tesla, el juez Boldt señaló que publicar una política en una página web no bastaba por sí solo para limitar la carga si no existía una relación contractual entre la empresa y el propietario.