La Oficina de IA de la Comisión Europea supervisa directamente a los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general (GPAI) que los comercializan en la Unión, estén establecidos donde estén. El AI Act le permite pedir información, evaluar modelos y solicitar medidas en condiciones concretas. Una taxonomía pública de decisiones sobre seguridad, propuesta por separado, no forma parte de esas obligaciones legales.
Qué supervisa directamente el AI Office
La competencia directa de la Comisión, ejercida a través del AI Office, se centra en las obligaciones de los proveedores de GPAI. Para las obligaciones de los sistemas de IA, la Oficina interviene directamente cuando el proveedor del modelo GPAI y el proveedor del sistema son la misma entidad. En los demás casos, apoya a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. La Comisión Europea explica el reparto de competencias.
Qué permiten los artículos 91, 92 y 93
Los tres artículos cubren facultades distintas: recabar información, evaluar modelos y solicitar medidas. La evaluación y las posibles medidas están sujetas a condiciones; no son una autorización general para inspeccionar cualquier modelo en cualquier circunstancia.
| Base legal | Facultad | Condición relevante |
| Artículo 91 | Solicitar documentación e información a proveedores de GPAI. | La Comisión usa estas solicitudes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones aplicables. |
| Artículo 92 | Evaluar un modelo. | Puede hacerlo si la información del artículo 91 no basta para valorar el cumplimiento o para investigar riesgos sistémicos en la Unión. |
| Artículo 93 | Solicitar medidas para cumplir las obligaciones de los artículos 53 y 54. | Las medidas de mitigación de riesgos sistémicos requieren una evaluación que suscite una preocupación seria y fundada sobre un riesgo sistémico. El artículo también contempla restricciones de comercialización, retirada o recuperación, sujetas a sus condiciones. |
Las directrices de la Comisión sobre las obligaciones de los modelos GPAI describen estas facultades. La Comisión empezó a aplicar sus competencias de supervisión de proveedores GPAI el 2 de agosto de 2026.
Cómo se accede a un modelo durante una evaluación
El acceso depende del objetivo de la evaluación. Puede incluir una API, acceso interno, código fuente, pesos del modelo o infraestructura de alojamiento, siempre que el método sea adecuado para el examen concreto. La decisión de acceso debe especificar los medios técnicos, las condiciones y el plazo.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1755, en vigor desde el 10 de agosto de 2026, establece salvaguardas para estas evaluaciones: los expertos deben ser independientes, declarar sus intereses y proteger la información confidencial. Los proveedores pueden presentar objeciones razonadas sobre la independencia de un experto. En un procedimiento sancionador, disponen de al menos 21 días para responder por escrito a las conclusiones preliminares y aportar pruebas. El reglamento publicado en EUR-Lex recoge esas condiciones.
Qué añadiría la taxonomía pública propuesta
El 2 de noviembre de 2026, Tech Policy Press planteó que la UE mantuviera una taxonomía pública para ordenar decisiones de seguridad tomadas durante el ciclo de vida de los modelos. Los proveedores situarían sus decisiones y principios en una estructura común; entidades acreditadas comprobarían si esas declaraciones concuerdan con las pruebas. Su función propuesta sería verificar la correspondencia, no decidir qué enfoque de seguridad es el correcto. La idea sigue siendo una propuesta, no una obligación adoptada por la Comisión.
La taxonomía serviría para hacer comparables decisiones que hoy pueden responder a criterios distintos. Las evaluaciones previstas por el AI Act tienen otra función: permiten a la Comisión examinar el cumplimiento o investigar riesgos sistémicos con acceso sujeto a un objetivo y a garantías legales. Una evaluación tampoco equivale, por sí sola, a una declaración pública de que un modelo es inseguro.
El Código de Buenas Prácticas y los evaluadores externos
La adhesión a un Código de Buenas Prácticas que la Comisión considere adecuado puede servir para demostrar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a los modelos GPAI. Según la Comisión, no concede por sí sola una presunción de conformidad; esa presunción se asocia a las normas armonizadas. La diferencia importa: seguir el Código puede ser relevante para demostrar cumplimiento, pero no sustituye el efecto jurídico atribuido a esas normas.
Por otra parte, en septiembre de 2026 Dario Amodei anunció que Anthropic se comprometía a incorporar evaluadores externos y describió un acceso previsto, de tipo similar al de empleados, para revisar prácticas de seguridad, modelos y procesos de entrenamiento. También señaló excepciones para proteger información de clientes y socios o cumplir la ley y los contratos; los evaluadores podrían publicar conclusiones y explicar si una redacción afectaba a su análisis. Amodei presentó el compromiso y el esquema previsto en su publicación de septiembre. Es una iniciativa empresarial distinta de las facultades legales de la Comisión.
