España ha cerrado la consulta pública de un borrador de Real Decreto que vincula las nuevas conexiones de centros de datos a la energía renovable, la eficiencia energética y del agua, y ciertos requisitos de soberanía digital. No es una norma vigente: la consulta terminó el 10 de septiembre de 2026 y todavía no hay una aprobación definitiva acreditada.
El objetivo es resolver una tensión muy concreta. España quiere atraer infraestructura para inteligencia artificial y servicios en la nube, pero también evitar que una nueva demanda eléctrica grande y poco flexible encarezca los refuerzos de red o traslade sus costes al conjunto del sistema.
El borrador todavía no es una ley vigente
La propuesta se dirige a centros de datos con una potencia de acceso de al menos 1 MW. Esa cifra se mide en el punto de conexión a la red y no equivale necesariamente a la potencia de los equipos informáticos instalados.
La consulta pública estuvo abierta del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2026. Su cierre marca el final de esa fase de participación, no la entrada en vigor del Real Decreto. Por eso conviene leer los umbrales como requisitos planteados para el futuro, no como obligaciones que ya puedan exigirse a cualquier instalación.
Qué exigiría el marco propuesto
El núcleo energético combina varias condiciones:
- La propuesta se ha descrito con una cobertura renovable del 80% para el consumo de los centros incluidos.
- También se ha planteado una correlación horaria del 80%, es decir, que la generación renovable coincida con el consumo en las horas correspondientes, no solo en el balance anual.
- La generación destinada a cubrir esa demanda tendría que ser adicional a la ya existente, según el planteamiento publicado para el borrador.
- La propuesta contempla generación in situ, autoconsumo y contratos de compraventa de energía renovable como posibles vías de cobertura.
Los porcentajes del 80% corresponden al planteamiento difundido para el borrador y no deben confundirse con una obligación legal ya aprobada. El texto final podría mantenerlos o modificarlos.
El marco no se queda en la electricidad. El borrador fija como referencia transitoria un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1. El PUE relaciona toda la energía consumida por el centro con la que llega a los equipos informáticos; el WUE mide el agua utilizada en relación con la energía informática. En ambos casos, cuanto menor es el valor, menor es el consumo indirecto asociado a la operación.
Además, las instalaciones con al menos 500 kW de potencia informática tendrían que informar y publicar datos sobre rendimiento energético, uso de renovables, huella hídrica y demanda. El umbral de información es distinto del umbral de conexión de 1 MW: uno se refiere a la potencia de los equipos y el otro al acceso a la red.
La propuesta también incorpora una dimensión de soberanía digital. Determinados elementos bajo control del operador y ciertos datos operativos tendrían que mantenerse dentro de la Unión Europea, con condiciones más estrictas para los sistemas del sector público.
El alcance práctico del borrador
| Dimensión | Marco planteado | Qué implica para los operadores |
| Conexión eléctrica | Centros de datos con al menos 1 MW de potencia de acceso | El umbral se calcula en el punto de conexión, no sobre la carga informática |
| Cobertura renovable | 80% como porcentaje planteado para el borrador | La compra anual de certificados no bastaría por sí sola si se exige coincidencia horaria |
| Correlación horaria | 80% como requisito descrito para la propuesta | El operador tendría que gestionar la variación diaria y meteorológica de la generación |
| Eficiencia energética | PUE transitorio máximo de 1,15 | El diseño y la refrigeración tendrían que limitar la energía que no llega a los equipos informáticos |
| Eficiencia hídrica | WUE transitorio máximo de 0,1 | La refrigeración y la gestión del agua pasarían a tener un objetivo cuantificable |
| Información pública | Desde 500 kW de potencia informática | El operador tendría que publicar indicadores de energía, renovables, agua y demanda |
Por qué la correlación horaria lo cambia todo
Comprar energía renovable para compensar el consumo de un año no significa que esa electricidad renovable esté disponible cuando el centro de datos la necesita. Un contrato puede equilibrar cantidades anuales mientras la instalación sigue funcionando de noche, durante días nublados o cuando el viento pierde fuerza.
La correlación horaria intenta cerrar ese agujero. Los centros de datos operan de forma continua; la producción solar se concentra durante las horas de luz y la eólica depende de las condiciones meteorológicas. El operador necesita, por tanto, una combinación de generación, almacenamiento, red y capacidad de respaldo que cubra las horas menos favorables.
Ahí aparece la dificultad económica: una instalación puede tener suficiente energía renovable acumulada en el balance anual y, aun así, necesitar la red en muchas horas concretas. La propuesta pretende que el crecimiento de la demanda venga acompañado de nueva capacidad y de una planificación más precisa, no solo de una etiqueta verde en el contrato.
Más capacidad concedida que demanda proyectada
Las cifras que explican la presión sobre la red pertenecen a escalas distintas, así que no conviene sumarlas como si fueran una única previsión de consumo. La capacidad de acceso concedida describe permisos de conexión; la proyección de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 estima demanda eléctrica asociada a la computación en 2030.
| Medida | Valor | Alcance y periodo |
| Acceso concedido en la red de transporte | Más de 6 GW | Infraestructura de centros de datos, según la justificación del marco |
| Acceso concedido en redes de distribución | Alrededor de 6 GW | Concesiones acumuladas desde 2020 para este tipo de infraestructura |
| Potencia informática proyectada | 2,5 GW | Objetivo de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 para 2030 |
| Demanda eléctrica asociada proyectada | 3,5–4 GW | Demanda de electricidad vinculada a esa capacidad informática en 2030 |
La diferencia importa. Tener acceso concedido no equivale a consumir toda esa potencia, y una previsión de demanda no es una medida de consumo ya realizado. Pero el volumen de solicitudes y permisos ayuda a explicar por qué el Gobierno quiere añadir criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía a las conexiones.
La factura de la energía, el agua y la red
La energía no es el único cuello de botella. El crecimiento de los centros de datos presiona también sobre las subestaciones, las líneas, el almacenamiento y los recursos hídricos. Los análisis sobre la expansión española señalan riesgos de saturación de la red, disponibilidad limitada de almacenamiento, estrés hídrico y conflicto por el suelo.
En Aragón, donde se han documentado grandes proyectos junto a zonas rurales y agrícolas, la discusión pública ha enfrentado la promesa de actividad tecnológica con la preocupación por el agua y el uso del territorio. El problema no se resuelve llamando renovable a la electricidad: la solar y la eólica reducen emisiones en determinadas condiciones, pero siguen necesitando red, equilibrio entre oferta y demanda y, en algunos momentos, almacenamiento o respaldo.
Para los hogares, la pregunta decisiva es quién paga esas piezas adicionales. El borrador intenta que los nuevos centros asuman más responsabilidad sobre su energía, su eficiencia y su huella hídrica. La cuestión práctica será cómo se traduzcan esas exigencias en contratos, inversiones de red y costes del sistema cuando exista un texto definitivo.
Qué queda por definir
El siguiente paso relevante es el contenido final del Real Decreto y su fecha de aplicación. Mientras no exista una norma aprobada, los centros de datos no pueden tratar el 80% renovable, la correlación horaria del 80% ni los demás umbrales del borrador como requisitos ya vigentes.
Para los operadores, la señal es clara aunque el calendario jurídico no lo sea: una conexión de gran tamaño tendrá que justificarse cada vez más por su relación con la red, la energía nueva que moviliza, el agua que consume y la información que publica. Para España, el reto consiste en atraer capacidad de computación sin convertir la expansión de la inteligencia artificial en una carga opaca para la red y los recursos compartidos. Ahí se jugará el verdadero coste de los centros de datos.
