La Comisión Europea presentó el 17 de septiembre de 2026 la propuesta de reglamento EU KIDS Act, COM(2026) 681 final, y la remitió al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen. El proyecto incluye los juegos en línea y plantea medidas de seguridad para sus proveedores, pero no prohíbe expresamente los servidores privados ni dice que todos los juegos deban pedir un documento de identidad. El texto de la propuesta sigue siendo una iniciativa legislativa, no una norma aplicable.
NeoTeo ya había contado el anuncio y una versión anterior del borrador en su [artículo sobre la propuesta de verificación de edad].(https://www.neoteo.com/es/la-ue-propone-verificar-la-edad-para-proteger-a-los-menores-en-redes-sociales) Esta propuesta formal también incluye obligaciones específicas para videojuegos.
Qué obligaciones tendrían los proveedores de juegos
El proyecto define los juegos en línea como videojuegos o plataformas de videojuegos. Sus proveedores tendrían que incorporar medidas de seguridad adaptadas a menores, entre ellas protecciones contra el uso compulsivo o excesivo, ajustes seguros, contactos seguros y herramientas para tutores. Es el enfoque de «seguridad desde el diseño»: incluir salvaguardas en el servicio.
Las obligaciones variarían según el tipo de servicio. El artículo 6 aborda determinadas redes sociales y plataformas de vídeo; los juegos y las tiendas de aplicaciones tienen disposiciones distintas.
| Tipo de servicio | Medidas que plantea el borrador |
| Redes sociales y plataformas de vídeo cubiertas | Si el servicio presenta el riesgo indicado para menores de 15 años, no permitiría que estos creasen o accediesen a una cuenta propia. Para menores de 13 a 14 años, podría permitirse una cuenta limitada creada por un tutor, con herramientas de supervisión, un máximo de una hora diaria y aprobación del tutor para posibles contactos nuevos. |
| Juegos en línea | Sus proveedores adoptarían medidas de seguridad para menores, incluidas protecciones frente al uso compulsivo o excesivo, ajustes y contactos seguros, y herramientas para tutores. |
| Tiendas de aplicaciones | Aplicarían clasificaciones por edad y evitarían que los menores accediesen a aplicaciones no adecuadas para su edad o las comprasen. |
Qué dice sobre los servidores privados
Los juegos están incluidos en el proyecto, pero el texto no formula una prohibición expresa de los servidores privados. Tampoco declara que todos los servidores privados queden exentos: la aplicación de las obligaciones a una modalidad concreta de alojamiento dependería de cómo encajen ese servicio y su proveedor en las definiciones del reglamento.
Stop Killing Games sostiene que la propuesta podría perjudicar los servidores privados y la preservación de videojuegos. Esa es la crítica de la campaña; las obligaciones descritas en el proyecto son medidas de seguridad dirigidas a proveedores de juegos.
A quién se exigiría la verificación de edad certificada
El artículo 29 vincula la verificación certificada de edad a los servicios del artículo 6 y a sus restricciones de cuentas, es decir, a determinadas redes sociales y plataformas de vídeo. El borrador no establece que todos los videojuegos deban recopilar documentos de identidad.
La propuesta exige que las medidas para acreditar la edad sean precisas, fiables y seguras, y que respeten la privacidad. También establece que no deben permitir identificar, rastrear, segmentar, dirigir publicidad a las personas usuarias ni elaborar perfiles sobre ellas. Entre las salvaguardas figura la prueba de conocimiento cero, una técnica que permite demostrar que se cumple una condición, como alcanzar cierta edad, sin revelar toda la información que hay detrás.
Para las restricciones del artículo 6, los proveedores tendrían que utilizar una solución certificada de verificación de edad de la UE, con una acreditación emitida por un tercero. Además, los Estados miembros deberían garantizar al menos una solución europea gratuita.
Cuándo se aplicarían las reglas
La Comisión presentó la propuesta para que la examinen el Parlamento Europeo y el Consejo. El artículo 43 plantea que la aplicación general comience seis meses después de la entrada en vigor. Por tanto, ese plazo depende de que la propuesta complete el proceso legislativo y entre en vigor.
