El proyecto que Google presentó el 14 de septiembre sigue siendo una exploración, no una obra aprobada. La compañía estudia levantar un centro de datos aproximadamente a ocho kilómetros al oeste de Hobbs, en Lea County, Nuevo México, mientras las autoridades y la comunidad examinan su consumo de agua, su modelo energético y la operación sobre terrenos de titularidad pública.
El último movimiento llegó el 16 de septiembre, cuando representantes estatales y responsables locales se pronunciaron sobre la propuesta. Angelica Rubio pidió respuestas y participación ciudadana antes de cualquier aprobación; Jim Townsend defendió que el proyecto se valore por sus posibles beneficios económicos.
Qué propone Google para el agua y la energía
La propuesta separa claramente dos momentos. Durante la construcción, Google calcula un consumo medio de algo más de 3,4 millones de litros de agua al día. En el periodo de mayor demanda, la media podría rondar los 3,8 millones de litros diarios durante unos cuatro meses.
El llenado y enjuague inicial del sistema de circuito cerrado requeriría entre 36,0 y 36,7 millones de litros. Después de esa puesta en marcha, Google plantea una instalación cuyo uso de agua se concentraría principalmente en necesidades domésticas, como baños y cocinas, porque la refrigeración prevista sería por aire y en circuito cerrado. El diseño no contempla refrigeración evaporativa.
La energía tampoco está cerrada. Google contempla una combinación de generación solar y eólica, baterías y una cantidad moderada de recursos de respaldo alimentados con gas. La empresa afirma que asumiría el 100 % de la electricidad y de las infraestructuras directamente provocadas por su crecimiento.
El planteamiento explica por qué el debate local no gira solo en torno a la cantidad de agua. La construcción concentraría una demanda elevada en un periodo limitado, mientras que la fase operativa tendría otro perfil. Además, la resolución aprobada por Lea County en febrero exige informes anuales de consumo, cuentas separadas para el agua destinada a refrigeración, jardinería, generación eléctrica y fontanería, y prohíbe la refrigeración evaporativa.
El terreno todavía necesita un paso estatal
La parcela no ha cambiado de manos. Lea County es su propietario y existe un acuerdo de opción de compra con Excelsior Hobbs Power LLC, socio de Google en la propuesta. Para cerrar una venta, el New Mexico State Board of Finance debe revisar y considerar la operación.
Ese trámite se suma a las condiciones fijadas por el condado para los centros de datos conectados a la red pública: no deben elevar las tarifas de residentes o empresas. El proyecto también contempla medidas para reducir el ruido, como equipos específicos, muros acústicos, distancias de separación y un estudio realizado por especialistas en acústica.
Empleos, controles y participación pública
Google calcula que el posible centro generaría cientos de empleos operativos a largo plazo en su fase inicial y miles de puestos durante la construcción. Son estimaciones ligadas a una propuesta que todavía se encuentra en una etapa temprana.
La escala potencial explica el interés de los responsables políticos. Townsend considera que los centros de datos han ganado eficiencia y sensibilidad ambiental con el tiempo, y cree que merece la pena evaluar sus beneficios económicos. Rubio, en cambio, ha reclamado que la comunidad tenga respuestas y capacidad de participación antes de que llegue cualquier aprobación.
Las preocupaciones ciudadanas se concentran en dos frentes: la disponibilidad de agua durante las obras y el coste de ampliar la infraestructura eléctrica. La promesa de Google de pagar la electricidad y las infraestructuras directamente vinculadas a su expansión coincide con la protección de tarifas incluida en la resolución de Lea County.
Qué ocurre ahora
Google mantiene abiertas las conversaciones con la comunidad y las autoridades locales. Los comisionados de Lea County podrían volver a tratar el proyecto a finales de septiembre, mientras la posible operación sobre el terreno sigue pendiente de la revisión del New Mexico State Board of Finance.
