La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró el 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás del norte del estado de Rakáin, por nueve votos frente a seis. La sentencia examinó una red de páginas de Facebook vinculadas al ejército, pero resolvió la responsabilidad de Myanmar como Estado, no la de Meta. La sentencia y la ficha oficial del caso

Reportaje de FRANCE 24 en inglés sobre la decisión de la CIJ y el desplazamiento de los rohinyás

Qué decidió la CIJ sobre Myanmar

La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra el grupo rohinyá en el norte de Rakáin. Concluyó que la intención genocida era la única inferencia razonable de las pruebas en su conjunto. El fallo establece la responsabilidad internacional del Estado; no es una condena penal de personas concretas.

La responsabilidad penal individual requiere investigaciones y procedimientos judiciales separados, según el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM), cuyo trabajo también contribuyó al caso. El IIMM explica la diferencia entre la responsabilidad estatal y la penal individual.

Qué concluyó sobre las publicaciones de Facebook

La sentencia recogió un análisis del IIMM sobre una red coordinada de 43 páginas con vínculos claros con el ejército. En 36 páginas retiradas, el análisis contabilizó 10.485 contenidos de odio contra los rohinyás entre julio y diciembre de 2017.

La CIJ consideró que las publicaciones eran públicas y atribuibles a Myanmar, y que algunas alentaban la violencia. Aun así, no dio por establecida la infracción del artículo III(c) de la Convención, que se refiere a la incitación directa y pública al genocidio por particulares. Son conclusiones jurídicas distintas: que algunas publicaciones promovieran violencia no bastó para establecer esa infracción. El fallo tampoco decidió la responsabilidad legal de Facebook o Meta.

Para entender el fallo, separa lo que la Corte encontró sobre las publicaciones de su conclusión jurídica sobre la incitación al genocidio: examinó ambas cuestiones por separado.

Qué medidas ordenó y cómo seguirá la reparación

La CIJ ordenó a Myanmar aprobar leyes que den pleno efecto a la Convención contra el Genocidio y adoptar medidas inmediatas y efectivas para investigar a las personas razonablemente sospechosas de actos contemplados en la Convención vinculados a las operaciones de 2017. Si procede, deberán ser procesadas y castigadas. El fallo también exige garantías de no repetición.

Las medidas de restitución incluyen el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás y la reunificación familiar; devolver o reemplazar los bienes perdidos o dañados; buscar a las personas desaparecidas; facilitar la rehabilitación, y proteger a los rohinyás frente a la discriminación y la persecución. Myanmar también debe indemnizar los daños que no queden reparados mediante la restitución.

La sentencia no fijó el importe ni las modalidades de esa indemnización: reservó esos detalles para una fase posterior. Myanmar deberá informar a la Corte, dentro de los dos años siguientes al fallo, sobre las medidas de restitución y, cuando esta sea materialmente imposible, sobre la compensación correspondiente.