El 14 de septiembre, una investigación sobre el ecosistema de abuso sexual con inteligencia artificial identificó al menos 138 diputadas nacionales de 22 países de la Unión Europea y nueve diputados mencionados o representados en unos 160 dominios. El análisis de Benjamin Shultz, realizado sobre una base de 5.872 parlamentarios, calculó que las mujeres tenían 33 veces más probabilidades de ser objetivo dentro de ese ecosistema.
El dato importa por dos motivos: no describe únicamente vídeos explícitos alojados en una web y conecta la agresión sexualizada con una presión política capaz de intimidar, dañar reputaciones y expulsar a mujeres del espacio público.
Una investigación sobre un ecosistema de abuso a escala europea
El estudio examinó a parlamentarios nacionales de los 27 Estados miembros de la UE. Los miembros del Parlamento Europeo quedaron fuera del recuento, así que sus cifras no forman parte de los resultados.
El 14 de septiembre, Agora Digitale Transformation publicó el documento de política asociado al proyecto y ese mismo día se hicieron públicos los resultados de la investigación. Shultz reunió los datos de los parlamentarios y avisó individualmente a personas afectadas, además de facilitarles orientación sobre posibles vías de retirada del contenido.
El alcance geográfico fue amplio, pero la cifra de 22 países se refiere a los países cuyos parlamentarios aparecieron o fueron mencionados en el ecosistema estudiado; no equivale a una lista de todos los Estados miembros con el mismo nivel de exposición.
Qué contó exactamente el estudio
La investigación distinguió entre tres situaciones principales:
- Material alojado directamente en un sitio.
- Páginas indexadas cuyo contenido ya había sido retirado.
- Perfiles o pasarelas que reunían biografías e imágenes y enlazaban con herramientas capaces de generar contenido sexualizado.
Por eso, las 138 diputadas y los nueve diputados no representan un recuento de vídeos explícitos actualmente accesibles ni de archivos individuales. Son personas que aparecían o eran mencionadas de alguna forma dentro de las páginas y categorías examinadas.
La diferencia no es un tecnicismo menor. Un perfil que dirige a una herramienta de generación cumple una función distinta de un vídeo alojado, aunque ambos formen parte del mismo circuito de abuso. Benjamin Shultz explicó que esas pasarelas podían reunir imágenes e información de una persona y conducir directamente a una herramienta de creación.
Antes de la publicación de los resultados, al menos seis dominios identificados durante la investigación habían sido retirados. Ese movimiento muestra que el contenido y las páginas del ecosistema podían cambiar mientras se documentaban.
Por qué la brecha de género importa políticamente
La desigualdad detectada no es solo una diferencia estadística. Suzanne Kröger y Sarah Dobbe, parlamentarias neerlandesas afectadas, describieron los deepfakes sexuales como una forma de intimidación y degradación dirigida contra mujeres, y reclamaron retirada rápida del contenido y apoyo directo a las víctimas.
Benjamin Shultz señaló que este tipo de abuso puede disuadir a mujeres de entrar en política y apartarlas de la vida pública. Josephine Ballon, de HateAid, explicó que la difusión de imágenes sexualizadas busca degradar a las personas afectadas y deslegitimar su posición política, con consecuencias para la democracia.
La lógica es especialmente dañina para quienes ejercen cargos públicos: una falsificación puede circular junto al nombre real de una persona y convertir una mentira visual en una herramienta de acoso, aunque la víctima no haya producido ni autorizado el contenido. Henry Ajder describió el entramado como una infraestructura organizada para operar a escala, no como una sucesión de incidentes aislados.
La respuesta política avanza, pero opera en varios frentes
En la Unión Europea, las reglas de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial entraron en vigor en agosto de 2026. La Ley de Servicios Digitales también establece obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas.
En Estados Unidos, la ley TAKE IT DOWN se convirtió en la Ley Pública 119-12 el 19 de mayo de 2025. La prohibición penal entró en vigor de inmediato y la norma contempla obligaciones de retirada para las plataformas cubiertas tras recibir una notificación.
Estas herramientas forman parte de una respuesta más amplia: retirar contenidos, ofrecer apoyo a las víctimas y limitar la infraestructura que facilita su creación y distribución. La investigación europea deja claro que el problema no se reduce a una imagen falsa concreta, sino a un circuito que combina identificación, generación, alojamiento y difusión.
