El 19 de noviembre de 2026, la abogada general Laila Medina propuso que entregar datos personales y consentir su uso comercial pueda contar como pago cuando una empresa presenta un servicio como gratuito. Su opinión en el asunto C-643/25 no es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): interpreta una cuestión de consumo que el Tribunal aún debía resolver. El comunicado del TJUE expuso la propuesta y señaló que los jueces iniciaban sus deliberaciones.

Si se exigen datos para prestar un servicio y se utilizan con fines comerciales, la etiqueta «gratis» es justamente lo que la propuesta pone en cuestión.

Cuándo podrían contar los datos como pago

La propuesta de Medina se refiere a datos personales que el usuario debe facilitar y cuyo uso comercial debe aceptar. Para que puedan considerarse una forma de pago bajo la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, el comunicado del TJUE señala dos elementos: que esa aportación tenga valor económico y que exista un vínculo directo con la práctica comercial en cuestión.

El razonamiento es que el uso comercial de los datos puede generar ingresos publicitarios y contribuir a financiar el servicio. Que el usuario conserve sus datos no impediría, según la opinión, que su uso comercial se considere una contraprestación.

La propuesta contempla una excepción si los datos se tratan exclusivamente para prestar el servicio o cumplir obligaciones legales. Por tanto, su alcance depende del uso vinculado a la oferta; no convierte cualquier tratamiento de datos en un pago.

La propuesta no prohíbe los servicios financiados con datos

Las empresas podrían seguir ofreciendo servicios a cambio de datos personales. La cuestión que plantea Medina es si pueden describirlos como gratuitos cuando la entrega de datos y el permiso para su explotación comercial son requisitos para acceder a ellos.

La opinión también considera que las normas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las de protección al consumidor se aplican de forma acumulativa. El RGPD regula el tratamiento de los datos; la directiva de consumo, la veracidad de las afirmaciones comerciales. Cumplir una de esas normas no sustituiría a la otra.

El comunicado menciona legislación europea posterior sobre contenidos digitales y derechos de los consumidores como reconocimiento de modelos de servicio a cambio de datos. Según la propuesta, esas normas posteriores no modifican el sentido de la directiva de 2005 que se analiza en este caso.

El lema de Facebook que originó el caso

El litigio alemán se refiere a la frase «Facebook es y sigue siendo gratis», que aparecía en la página europea de registro de Facebook en febrero de 2015. La asociación alemana Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) cuestionó ese mensaje. El comunicado del TJUE identifica a Meta Platforms Ireland como la empresa que operaba Facebook en la Unión Europea en el periodo relevante.

El Tribunal alemán Bundesgerichtshof remitió al TJUE la cuestión de interpretación del derecho europeo. El TJUE debe fijar esa interpretación; después, el tribunal alemán resolverá el litigio de fondo con arreglo a ella.