El 26 de octubre de 2026, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., James Comer, pidió al gobernador de Delaware, Matt Meyer, documentos e información sobre la propuesta estatal de crear empresas gestionadas por inteligencia artificial. El comité solicitó detalles sobre los riesgos evaluados por Delaware y sobre los factores que impulsan iniciativas similares; afirmó que la información podría servir para estudiar posibles medidas federales.

El comité expresó preocupación por la evaluación de riesgos y por la posible influencia de intereses opacos en iniciativas estatales de IA. El 27 de octubre, un portavoz de Meyer dijo que la oficina había recibido la carta y la estaba revisando.

Qué pidió el comité a Delaware

La solicitud se refiere a la propuesta de Delaware para crear una entidad mercantil cuyo gestor sería un agente de IA. El comité quería conocer tanto los riesgos que el estado había evaluado como las fuerzas detrás de iniciativas de este tipo en Delaware y otros estados. Presentó la información solicitada como posible base para un debate legislativo federal, no como una decisión federal ya tomada.

La empresa sería distinta del agente de IA

El borrador legislativo fechado el 2 de junio de 2026 propone una Artificial Intelligence Company (AIC), es decir, una empresa gestionada por un agente de IA. El agente sería el gestor de la entidad, no la empresa ni su miembro. El texto define al agente como un software que toma decisiones autónomas y actúa para alcanzar objetivos predeterminados sin supervisión o intervención humana rutinaria.

La AIC tendría un único miembro, que podría ser una persona o una entidad específica de Delaware. Ese miembro aportaría capital e identificaría a un representante. Si la empresa se quedara sin gestor, el miembro tendría que asumir la gestión mientras designa a otro, con un plazo propuesto de 30 días.

El borrador permitiría a la AIC cualquier propósito lícito salvo la actividad bancaria. Cada innovación tendría que solicitar por separado su participación en un programa limitado de pruebas, y la prueba se realizaría con una contraparte.

Qué controles y límites de responsabilidad plantea el borrador

Las solicitudes describirían los beneficios públicos previstos, los riesgos para las contrapartes y otras personas, las medidas de seguridad de datos, el plan de pruebas y el cierre ordenado de la actividad. También indicarían cómo se financiaría la empresa y demostrarían que el solicitante puede detener al agente. El comité podría suspender o revocar la participación y ordenar la disolución de una AIC por motivos especificados en el texto.

Antes de interactuar con una AIC autorizada, una contraparte recibiría información sobre la identidad y los datos de contacto del miembro, el carácter temporal de la prueba, las protecciones de responsabilidad vinculadas a ella, la falta de respaldo de Delaware y los canales para presentar quejas. El borrador propone que ciertos litigios se tramiten ante el Tribunal de Equidad de Delaware, conocido como Court of Chancery.

La protección propuesta para el miembro sería limitada. No respondería de las deudas de la AIC por el mero hecho de ser miembro. Para ciertos actos de la empresa, o realizados por indicación suya, la protección frente a responsabilidad basada únicamente en una relación de agencia o en que la AIC actuara como instrumento del miembro dependería de que la empresa estuviera suficientemente capitalizada. El borrador contempla excepciones por fraude, infracciones deliberadas de la ley y actividad ajena al propósito declarado que el miembro supiera, o debiera haber sabido, que quedaba fuera de ese propósito.

La participación en el programa no protegería frente a indemnizaciones por daños civiles. Los participantes seguirían sujetos a las leyes penales y de protección al consumidor de Delaware. Las exenciones regulatorias se limitarían a las solicitadas expresamente por el solicitante; si una agencia competente rechazara una exención que le correspondiera, el comité tendría que respetar esa decisión.

Tres plazos con puntos de partida distintos

El borrador fija tres periodos propuestos, cada uno vinculado a un momento diferente:

  • 30 meses desde la implementación para la duración del programa de pruebas.
  • 24 meses desde el registro para que cada participante complete su prueba.
  • 36 meses desde la promulgación para la caducidad de la ley, salvo que la Asamblea General de Delaware la prorrogue.