Para cumplir la Ley de IA, una empresa debe identificar qué sistemas utiliza y qué papel desempeña en cada uno. La reforma permite a determinadas pymes simplificar algunos elementos de su sistema de gestión de calidad, establece medidas de alfabetización adaptadas al contexto y fija plazos distintos para los sistemas de alto riesgo. No es una dispensa general de las obligaciones que correspondan a cada sistema y a cada empresa.

El Reglamento (UE) 2026/1744 modifica disposiciones de la Ley de IA. Estas son sus tres medidas principales para la planificación empresarial:

MedidaA quién afectaQué estableceCondición o plazo
Alfabetización en IAProveedores y responsables del despliegueExige tomar medidas para fomentar la alfabetización en IA; no obliga a garantizar un nivel concreto a cada persona.Las medidas deben tener en cuenta los conocimientos, la experiencia, la educación, la formación y el contexto de uso.
Simplificación del sistema de gestión de calidadPymes elegibles, incluidas empresas emergentes que cumplan la condición aplicablePermite cumplir de forma simplificada ciertos elementos del artículo 17.La empresa no debe tener empresas asociadas o vinculadas conforme a la definición europea aplicable.
Espacio nacional de pruebas de IAEstados miembrosCada Estado debe garantizar que haya al menos un espacio nacional de pruebas de IA operativo.2 de agosto de 2027.

Qué pymes pueden simplificar parte de su sistema de calidad

La simplificación alcanza determinados elementos del sistema de gestión de calidad previsto en el artículo 17 de la Ley de IA; no elimina el resto de obligaciones que puedan corresponder a la empresa. Pueden acogerse las pymes que cumplan los requisitos, incluidas las empresas emergentes que no tengan empresas asociadas o vinculadas según la definición europea aplicable. El Reglamento (UE) 2024/1689 establece el marco general y el artículo 17 al que se refiere esta medida.

El Reglamento también concede prioridad a las pymes, las empresas emergentes y las pequeñas empresas de mediana capitalización en el acceso al espacio de pruebas de IA de la Unión. Ese acceso prioritario es distinto de la obligación que recae sobre cada Estado miembro de disponer de un espacio nacional.

Alfabetización en IA: medidas adaptadas al trabajo

El artículo 4 exige a proveedores y responsables del despliegue que tomen medidas para fomentar la alfabetización en IA entre las personas que operan sistemas por cuenta de la organización. Al diseñarlas, deben tener en cuenta factores como los conocimientos técnicos, la experiencia, la formación y el contexto en que se utiliza la IA. La obligación no exige garantizar un nivel específico para cada empleado ni establece un certificado o una puntuación universal.

En la práctica, una empresa puede adaptar la formación a las tareas y herramientas que utiliza cada equipo. Quienes incorporan resultados de IA a decisiones de trabajo necesitan conocer el uso previsto del sistema y sus límites relevantes; la ley, sin embargo, no fija una única fórmula de formación válida para todas las organizaciones.

Empieza por saber qué IA utiliza cada equipo

La guía práctica de Atico34 repasa cómo inventariar herramientas de IA, identificar sus responsables y mantener actualizados los registros.

La Ley de IA clasifica los sistemas según su finalidad y establece obligaciones distintas para prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo, usos sujetos a transparencia y sistemas de riesgo mínimo o nulo. Los modelos de IA de uso general tienen, además, un marco propio para sus proveedores. La clasificación y las obligaciones dependen del uso concreto, como recoge la Comisión Europea en su explicación del marco regulador.

Comprar una herramienta de terceros no excluye automáticamente a una empresa de la norma: usar un sistema bajo su autoridad en una actividad profesional puede convertirla en responsable del despliegue. Desarrollar un sistema, comercializarlo bajo el nombre o la marca de la empresa, modificarlo sustancialmente o cambiar su finalidad hacia un uso de alto riesgo puede implicar obligaciones propias de un proveedor. La Ley define estos papeles y responsabilidades en el Reglamento (UE) 2024/1689.

Un inventario útil empieza por anotar cada sistema, su proveedor, finalidad, responsable interno, datos utilizados, personas afectadas y medidas de supervisión. También conviene incluir funciones de IA incorporadas a programas habituales y herramientas adoptadas por los empleados. Atico34 recomienda en su guía práctica para pymes actualizar esos registros cuando se incorpora una herramienta o cambia su finalidad.

Si un sistema es de alto riesgo, las obligaciones pueden incluir gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica y registros, supervisión humana, precisión, solidez y ciberseguridad. Por eso, identificar la finalidad y el papel de la empresa ayuda a determinar qué controles corresponden; no basta con clasificar una herramienta por su nombre comercial.

La aplicación de la norma se ha desplegado por fases: las disposiciones sobre prácticas prohibidas y alfabetización comenzaron a aplicarse en febrero de 2025, las reglas para modelos de IA de uso general en agosto de 2025 y la Comisión Europea sitúa el inicio de las obligaciones de transparencia en agosto de 2026.

Dos fechas para los sistemas de alto riesgo

La reforma distingue dos grupos. Para los sistemas de alto riesgo incluidos en el artículo 6, apartado 2, y el anexo III, la fecha principal de aplicación es el 2 de diciembre de 2027. El anexo III recoge usos específicos, entre ellos ámbitos como el empleo, la educación, las infraestructuras críticas, la biometría, la migración y ciertos servicios esenciales.

Para los sistemas de alto riesgo del artículo 6, apartado 1, vinculados a productos regulados contemplados en el anexo I, la fecha principal es el 2 de agosto de 2028. Son plazos distintos, por lo que la empresa necesita identificar tanto el uso del sistema como su relación con un producto regulado. La clasificación concreta depende de cada sistema y de la función de la empresa; esta guía ofrece información general, no asesoramiento jurídico para un caso particular.