Ron Wyden y Adam Schiff pidieron explicaciones por la demora en divulgar una opinión secreta del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos (FISC) sobre la Sección 702. Según informó WIRED el 27 de octubre de 2026, los senadores acusaron a la Administración Trump de haber dejado pasar el plazo de revisión pública y solicitaron los nombres de los funcionarios responsables antes del 6 de noviembre de 2026.

Qué se sabe de la opinión de la FISC

La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) permite recopilar comunicaciones de personas no estadounidenses que se encuentran fuera de Estados Unidos. Las comunicaciones de estadounidenses pueden quedar incluidas en esos datos, y las consultas del FBI pueden recuperarlas.

Según WIRED, la opinión de marzo de 2026 cuestionó filtros que permitían buscar mensajes de estadounidenses sin las aprobaciones, justificaciones por escrito o registros exigidos. El reportaje también indicó que la FISC ordenó reconstruir esas herramientas. La documentación pública del Ejecutivo prevé revisar opiniones importantes de la FISC para su posible publicación dentro de los 180 días posteriores a su emisión; WIRED situó el cierre de ese plazo el 13 de septiembre de 2026.

En julio de 2026, el fiscal general Todd Blanche respondió afirmativamente a una pregunta escrita sobre su compromiso de desclasificar la opinión dentro de ese plazo. Antes de su confirmación como director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton dijo que el Gobierno trabajaba para desclasificarla y que la había puesto a disposición de legisladores. WIRED señaló que Clayton no asumió un compromiso equivalente sobre la fecha límite.

La recopilación siguió tras vencer la Sección 702

El Congreso no renovó la Sección 702 antes de que venciera en junio de 2026. Aun así, la recopilación continuó bajo la autorización de la FISC de marzo, que, según WIRED, había permitido mantener la vigilancia durante otro año.

El caso Hasbajrami fue un proceso distinto

La causa de Agron Hasbajrami fue un proceso separado ante un tribunal federal de distrito, no la opinión secreta de la FISC. En 2025, la jueza LaShann DeArcy Hall consideró irrazonable la consulta del FBI sin orden judicial en ese caso, pero rechazó excluir las pruebas por motivos distintos, según informó The Register.