La Asociación de Internautas ha lanzado una recusación que muestra a la opinión pública la ilegalidad del nombramiento de la nueva ministra de cultura en base a la ley de incompatibilidades que rige el estado español. Dicha ley trata de garantizar que la persona elegida para un alto cargo no posea intereses particulares que puedan perjudicar al conjunto de los intereses generales de la nación. González-Sinde supera con creces esos márgenes que estipula la ley.
Mire usted por dónde, la ministra tan preocupada por la legalidad de las descargas de archivos, va a tener que aclarar una acusación muy grave que le hacen desde la Asociación de Internautas, exigiendo su cese fulminante por encontrarse en una situación de irregularidad que no le permitiría mantener el cargo. Según la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que tiene como objetivo fundamental establecer las obligaciones que incumben a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Administración General del Estado para prevenir situaciones que puedan originar incompatibilidades entre su desarrollo profesional y el cargo que ostenta, la ministra debería inhibirse en muchísimos supuestos por existir un claro conflicto de intereses. González-Sinde incumple sistemáticamente el artículo 4 de la ley que dice textualmente: “hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.
Y según el artículo 7.1 se añade que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".
La trayectoria profesional de la actual ministra de cultura muestra una pléyade de motivos que atentan directamente contra la Ley 5/2006. Para empezar, Ángeles González-Sinde ha estado al frente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) desde Diciembre de 2006 hasta la fecha de su nombramiento. El Vicepresidente de la AACCE durante su mandato, y actual presidente en funciones, es a su vez Presidente (desde 2004) de DAMA (entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales). Para no dejar duda, Ángeles González-Sinde también ha sido presidenta de ALMA (sindicato de Autores Literarios de Medios Audiovisuales). Por otro lado(y sumando), su padre, José María González-Sinde, fue fundador tanto de AACCE como de ALMA. Y por si fuera poco, tanto el hermano de la ministra como su tío pertenecen en la actualidad a AACCE. Así mismo, Ángeles González-Sinde es administradora de dos empresas, una de ellas con domicilio social en su propio domicilio particular, cuyos objetos sociales se enmarcan dentro del los CNAE 9211 y 9212 (referidos todos ellos a actividades empresariales cinematográficas). Pero eso no es todo. Durante el tiempo que ha permanecido al frente de la AACCE ha gestionado y percibido subvenciones del Ministerio de Cultura en diversas ocasiones, como por ejemplo para los premios Goya: 132.222,00 euros en 2006, 132.222,00 euros en 2007 y 150.000,00 euros en 2008.
Bajo su dirección, la AACCE ha aumentado su patrimonio de forma muy considerable con la cesión de inmuebles por parte del Estado, como el palacete sito en el número 3 de la madrileña calle Zurbano, que constituye desde Enero de 2007 la sede de la AACCE y que les fue entregado por la Ministra de Cultura Carmen Calvo. Previamente, este palacete fue acondicionado con dinero público, como se desprende de las resoluciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 311 de 29/12/2003) por la que se adjudican para la rehabilitación y acondicionamiento del edificio por 1.719.793,20 Euros, y la resolución del mismo ente (BOE 274 de 16/11/2005) por la que se adjudican en concepto de:"Obras de acabado del salón de actos y proyecciones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España" por 788.207,56 Euros.
Además, sus declaraciones anteriores siempre han estado vinculadas a una clara y manifiesta posición afín al negocio cinematográfico y respaldando las opiniones de los representantes de una parte el conflicto creado entre las sociedades de derechos de autor, la industria audiovisual y los usuarios. Por todo esto, la ministra debería inhibirse fulminantemente puesto que las decisiones que pueda tomar y repercutan en el ámbito de la industria cinematográfica, también afectan a sus intereses personales, familiares y a su entorno profesional. En caso de no hacerlo, además de las responsabilidades políticas y administrativas reguladas en la Ley 5/2006, podría incurrir en responsabilidades penales que llegarían a tener hasta sentencias condenatorias de cárcel. Después de esta recusación de la Asociación de Internautas que hasta ahora nadie ha refutado, el gobierno ya deberá estar preparando un batallón de abogados para intentar eludir el cerco de la justicia.
Y muchos pensarán ¿y de qué servirá que se marche la ministra si la línea del ministerio está clara y propondrán a otra persona igual o peor que González-Sinde? Pues simplemente, por una mera cuestión de higiene democrática y de respeto por la ley, esa que tanto esgrimen los altos cargos cuando se trata de acusar a los internautas y tratarlos de criminales. Nunca antes en la historia de la democracia se había dado un caso tan flagrante contra la ley de incompatibilidades, que se supone fue diseñada para evitar precisamente lo que está sucediendo. Lo que parece demostrado es que la ley 5/2006 deja muy claro que la ministra debería dimitir ipso facto y poner su cargo a disposición del gobierno. Otra cosa será que las leyes funcionen sólo contra los ciudadanos y no contra los altos mandatarios.
