Animada por la reciente sentencia contra The Pirate Bay, la industria audiovisual española ha decidido dejar en paz a los millones de usuarios que intercambian archivos protegidos pero, a cambio, van a concentrar sus esfuerzos en acosar a las Web de enlaces de archivos para evitar que presten sus servicios a la comunidad internauta. El ministerio de Cultura parece mostrarse de acuerdo con la nueva estrategia.
La industria de contenidos audiovisuales está realmente desesperada. Se percibe en los constantes palos de ciego que propina sobre el tema de las descargas de archivos. Sus continuos cambios de estrategia denotan un estado de nerviosismo más que evidente. Primero trataron de hacer suya la represiva ley de los 3 avisos francesa. Tras comprobar que ni la jurisprudencia ni las altas instancias gubernamentales estaban a favor de semejante despropósito, propusieron un nuevo mecanismo de control para los P2P en forma de multas para los usuarios que descargaran archivos protegidos por derechos de autor. Esto tampoco llegó a buen término y ahora, animados por el resultado del juicio contra la mayor página de enlaces del mundo, pretenden hostigar a los propietarios de las páginas de enlaces hasta erradicarlos de la Red, evitando de este modo que siga el intercambio de archivos al modo que está planteado con los torrents y enlaces de servidores del tipo Rapidshare. La industria audiovisual, representada por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, lo ha dejado muy claro. Renuncia a la persecución de los más de ocho millones de internautas que realizan descargas de vídeos y música por Internet, y se centra en la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas.
"La industria quiere un modelo de regulación distinto del francés, centrado en quienes se lucran con la piratería. Nuestra prioridad no son las sanciones, sino facilitar que quienes consumen productos en Internet encuentren servicios que ofrezcan obras con calidad, seguridad y a precios asequibles. Para lograrlo hacen faltan acuerdos entre las operadoras y la industria de contenidos, que hagan posible compartir los riesgos que todo cambio de modelo de negocio tiene", explican fuentes de la coalición.
La nueva estrategia va a centrarse en tratar de eliminar todas esas páginas que contienen enlaces que apuntan hacia archivos protegidos por derechos de autor. Y lo quieren hacer en base a dos procedimientos: Uno, contra los que ellos llaman “concentradores”, que consiste en un primer y único aviso para que cesen en su actividad "ilícita" tras el cual, y si no hay rectificación en la conducta, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al bloqueo de las páginas radicadas en el extranjero. Dos, contra los usuarios que usan esas páginas “proscritas”, utilizando el sistema de los tres avisos pero sólo con "carácter educativo", según sus promotores- para que cesen de subir archivos a la Red (que no bajar). De no surtir efecto se aplicarían medidas dirigidas al filtrado o al bloqueo del acceso de las páginas web desde las que se realizan las descargas, evitando en la medida de lo posible la desconexión de Internet. Para aplicar ese sistema, se propone una Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web. Todo ello en connivencia con el ministerio de Cultura, que ha dejado las negociaciones en manos de esta Coalición.
Olvidan un pequeño detalle los ufanos dirigentes de la industria de contenidos: No estamos en Suecia. En nuestro país no existe la figura legal que han usado los jueces para condenar a los dueños de TPB. Nuestra jurisprudencia siempre ha considerado el intercambio de archivos una actividad legal siempre y cuando no exista ánimo de lucro. Y todas las sentencias que se han generado en España con respecto a este tema han sido favorables para los usuarios de sistemas de intercambio de archivos. Incluso la última que parecía contraria a lo que venía siendo habitual, luego se ha aclarado que el administrador de la Web que fue condenado a 6 meses de prisión, en realidad no fue declarado culpable por cometer un delito, sino que el mismo condenado hizo un pacto con los demandantes para evitar la demanda civil y se declaró culpable (sin serlo). Una posición que se puede entender porque el chico se asustó ante la posible consecuencia de una demanda civil que podría haberle llevado a una multa millonaria. Javier de la Cueva, un prestigioso abogado especializado en nuevas tecnologías advierte que el juicio contra la web de enlaces “no establece marco jurídico porque no es firme”. Además, puntualiza que no se ha condenado la ilegalidad de TPB porque "el buscador sigue abierto y en la sentencia no se hace referencia a un posible cierre”. El director de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Joan Navarro, piensa lo contrario y mantiene que esta sentencia "establece un marco jurídico fiable y que da garantías a los que apuestan por la generación de contenidos".
No cabe duda que las entidades encargadas de velar por los derechos de autor se encuentran eufóricas por el fallo condenatorio contra TPB en Suecia. Sin embargo, mucho nos tememos que, para su desesperación, la sentencia definitiva no llegará hasta dentro de muchos años. Por no hablar de las diferencias legales que separan radicalmente un país de otro. La SGAE también contribuye a este ambiente de victoria que flota como nube psicodélica sobre las cabezas de los representantes del mundo de la industria de contenidos. Viendo que la vía penal les ha reportado pocas satisfacciones, han virado en su estrategia y se han lanzado a denunciar por la vía civil, visto el buen resultado que les ha generado el miedo que han causado al condenado del caso infopsp.com. No quieren dar datos sobre todas las denuncias que llevan realizadas (por cuestión de imagen, dicen) pero las próximas que más van a dar que hablar son las emitidas contra Elitemp3.net e Indice-web.com. Curiosamente, esta última no contiene ni rastro de publicidad, motivo que ha sido habitualmente aducido como suficiente para considerar el ánimo de lucro, aunque luego no ha cuajado en forma de sentencia penal.
El dueño de Indice-web.com se muestra sorprendido porque alega que “No gano un duro, no hay publicidad, yo no estoy a favor de eso -con los respetos a quien lo haga- porque considero mal que la gente se aproveche del trabajo ajeno". La demanda civil de más entidad que existe ahora mismo en España es la que Promusicae emprendió contra Pablo Soto, por diseñar un programa de intercambio de archivos protegidos. Se le exigen 13 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Mientras tanto, ese monstruo devorador de desigualdades llamado Internet, seguirá ofreciendo un universo de libertad a todo aquel que quiera aprovecharlo.
