El secretario de Estado de Telecomunicaciones español está dispuesto a realizar un esfuerzo para proponer medidas racionales y contando con las “dos partes” para llegar a un acuerdo que resuelva de una vez por todas el problema de la piratería. Se reunirá con las operadoras y con los creadores de contenidos y se barajan medidas originales que podrían terminar con el intercambio de archivos ilegales de manera satisfactoria para todos, internautas incluidos.
Francisco Ros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha declarado que quiere dialogar con las dos partes del conflicto para estudiar en profundidad el tema de las descargas ilegales y tratar de llegar a un punto en común para atajar el asunto del intercambio de archivos con copyright. Curiosamente, no habla de la tercera y más importante de las partes: los usuarios. Los miembros del gobierno dan siempre por hecho que los internautas no tienen nada que decir y son ignorados sistemáticamente. Sin embargo, tras la resaca de la aprobación de la polémica ley francesa de los 3 avisos, Ros ha dejado entrever que en España hay más imaginación y más ganas de resolver el problema de una forma pacífica pero rotunda. Pacífica porque van a proponer una nueva medida que quizá sea del gusto de los usuarios y rotunda porque también quiere imponer todo un sistema judicial para perseguir las descargas. El secretario está observando detenidamente los acontecimientos que surgen alrededor de la ley francesa y cree que se pueden sacar conclusiones positivas de la filosofía de la misma. Apuesta, por un lado, por crear un sistema de actuaciones judiciales "rápidas", con jueces especializados, que tengan suficiente poder y autonomía legal para defender los derechos de los autores. Por otro lado, Ros cree que una de las mejores formas de acabar con la piratería coincide con lo que dicen los internautas una y otra vez: bajar los precios del material audiovisual y dejarlo localizado en una especie de SuperPortal para que todo el mundo pudiera descargarse las canciones y películas a un bajo coste.
Ros desea que España ejerza de poli-bueno/poli-malo, ya sabéis, la famosa técnica que suelen emplear las fuerzas de seguridad para quebrantar la resistencia a los delincuentes y hacerlos declarar. Por un lado te persigue con los sabuesos y las esposas y por otro, te deja los precios baratos para que tengas un escape y termines pagando por los contenidos a coste razonable.
La táctica del poli-malo. Se trataría de crear un cuerpo de jueces especializados en Internet que además tuvieran la potestad de actuar con carácter de urgencia para resolver los casos rápidamente. Con esto, España sortearía el problema de que no se pueden cortar las conexiones sin orden judicial pero a la vez, cumpliría con las prerrogativas de una línea de actuación eficaz contra los internautas que descarguen material audiovisual protegido. El secretario de Telecomunicaciones afirma que existen 3 tipos de usuarios de Internet, Los que suben contenidos a la Red y crean páginas de enlaces (los llamados “concentradores”) que forman el 80 % del tráfico ilegal que circula por España y que cuantifican en 70 portales. Los que tienen el ordenador echando humo durante los 365 días del año para descargarse todo lo que encuentran a su paso a la vez que lo comparten, que estiman serán entre 5.000 y 60.000 usuarios (según donde acotemos el filtro). Y, finalmente, el resto de internautas que no descarga apenas nada. La intención de Ros no es enviar cartas masivas para asustar a los internautas, sino centrar toda la atención en los dos primeros tipos de usuario y cortar la cabeza al león del intercambio de archivos. De esta manera, se aseguran de que la mayoría de los internautas no se pongan en contra de las medidas y además, se ahorran mucho dinero y esfuerzo en perseguir castillos de humo, porque van directamente a la raíz del conflicto. Queda por ver cómo resuelven el “pequeño” problema de que hoy por hoy, no es delito publicar una Web con enlaces a material protegido. De todos modos, están presionando al gobierno para que legisle nuevas normas que permitan a estos jueces derribar las páginas de enlaces pero, por lo pronto, no quieren apresurarse hasta que Bruselas tenga claro el camino que va a tomar.
La táctica del poli-bueno consistiría en hacer caso, por fin, a la masa de usuarios que llevan insistiendo en la solución desde hace mucho tiempo: bajar los precios a niveles razonables. Las asociaciones de internautas no han sido invitadas a estas reuniones de trabajo para solucionar el problema, sin embargo, está claro que el gobierno no ignora el clamor de la calle, que es de donde nacen sus votos y no quieren que les pase como en Suecia, que a raíz del escándalo con el juicio que perdió The Pirate Bay, el Partido Pirata ha subido como la espuma en el número de afiliados y se ha situado como tercera fuerza política del país (rozando a los segundos). Quizá los gobernantes españoles sean bastante más listos que los franceses y que los suecos. Al menos los encargados del Ministerio de Industria, porque Cultura no ha sido capaz de proponer medidas racionales como la que apunta Ros en declaraciones en un encuentro organizado por Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic). Esto demuestra que Industria desea una solución real del conflicto porque propone la creación de un MegaPortal donde alojar los contenidos y ofrecerlos a un precio muy contenido. "Este planteamiento es absolutamente novedoso, ya que no implica criminalizar a nadie de manera generalizada, sino atacar el tema en su verdadera dimensión y con los retos y posibilidades que ofrecen. Las propuestas presentan aspectos innovadores que no han sido puestos en marcha hasta ahora por ningún otro país", señaló Ros.
Las compañías deben tener en cuenta que se ahorran los costes de producción, fabricación, embalaje, almacenaje y transporte que tiene los soportes físicos. Mantener los archivos en un servidor apenas tiene gasto y si esa cualidad la trasladan de forma razonable al precio final del producto, estaríamos por fin, ante el inicio de una medida que podría satisfacer a todas las partes, internautas incluidos. Dicha iniciativa podría llevarse a cabo antes de adoptar cualquier acción restrictiva, como la reducción de ancho de banda para intercambio P2P o la desconexión promovida por Francia. Ahora queda por ver qué consideran “razonable” las empresas de contenidos. Seguramente no coincidirá con lo que piensan los clientes potenciales, pero eso ya es otra batalla que deberá librarse en el siguiente capítulo. Si es que Doña Terror de Internet no tiene alguna sorpresa preparada.
